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Prestación por desempleo para autónomos  - Situación legal de cese de actividad

Índice
1.- Trabajo por cuenta propia o autónomo
2.- Protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos
2.1.- Situación legal de cese de actividad
2.2.- Beneficiarios

1.- Trabajo por cuenta propia o autónomo

Se entiende por trabajo por cuenta propia o autónomo la actividad económica o profesional realizada por persona física de forma habitual, directa y a título lucrativo, fuera del ámbito de organización y dirección de otra persona, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.

2.- Protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos

Se establece un nuevo sistema de prestación por cese de actividad del trabajador autónomo, mediante la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.

De esta forma se protege a los trabajadores autónomos que, pudiendo y queriendo ejercer una actividad económica o profesional a título lucrativo, hubieran cesado en esa actividad. El cese de actividad, incluido el que afecta al trabajador autónomo económicamente dependiente, habrá de ser total en la actividad económica o profesional que de forma habitual, personal y directa viniera desempeñando.

Sin embargo la ley contempla el cese temporal según los supuestos recogidos en la situación legal de cese de actividad para poder beneficiarse de la prestación por desempleo por este concepto.

La prestación no contributiva para trabajadores autónomos ha sido derogada por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Por tanto, los trabajadores autónomos sólo pueden disponer de la protección por cese de actividad de carácter contributivo, que trataremos a continuación.

2.1.- Situación legal de cese de actividad

Se encontrarán en situación legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores autónomos que cesen en el ejercicio de su actividad por alguna de las causas siguientes:

  1. Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional. En caso de establecimiento abierto al público, se exigirá el cierre del mismo durante la percepción de la prestación. En todo caso, se entenderá que existen estos motivos cuando concurra alguna de las situaciones siguientes:
    • Unas pérdidas derivadas del ejercicio de su actividad, en un año completo, superiores al 30% de los ingresos, o superiores al 20% en 2 años consecutivos y completos. En ningún caso el primer año de inicio de la actividad computará a estos efectos.
    • Unas ejecuciones judiciales tendentes al cobro de deudas reconocidas por los órganos judiciales que comporten, al menos, el 40% de los ingresos de la actividad del trabajador autónomo correspondientes al ejercicio económico inmediatamente anterior.
    • La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, en los términos de la Ley Concursal.
  2. Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional.
  3. Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por incumplimientos contractuales o por la comisión de infracciones, faltas administrativas o delitos imputables al autónomo solicitante.
  4. La violencia de género determinante del cese temporal o definitivo de la actividad de la trabajadora autónoma.
  5. Por divorcio o acuerdo de separación matrimonial, mediante la correspondiente resolución judicial, en los supuestos en que el autónomo divorciado o separado ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su ex-cónyuge o de la persona de la que se ha separado, en función de las cuales estaba incluido en el correspondiente régimen de Seguridad Social, y que dejan de ejercerse a causa de la ruptura o separación matrimoniales.

En el caso de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, se encontrarán en situación legal de cese de actividad cuando finalicen su actividad por extinción del contrato suscrito con el cliente del que dependan económicamente, en los siguientes supuestos:

  1. Por la terminación de la duración convenida en el contrato o conclusión de la obra o servicio.
  2. Por incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado.
  3. Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa justificada por el cliente.
  4. Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa injustificada por el cliente.
  5. Por muerte, incapacidad o jubilación del cliente, siempre que impida la continuación de la actividad.
En ningún caso se considerará en situación legal de cese de actividad:

  1. A aquéllos que cesen o interrumpan voluntariamente su actividad, salvo por incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado.
  2. A los trabajadores autónomos económicamente dependientes que, tras cesar en su relación con el cliente y percibir la prestación por cese de actividad, vuelvan a contratar con el mismo cliente en un plazo de un año, a contar desde el momento en que se extinguió la prestación. Si el trabajador contrata con dicho cliente en el plazo señalado, deberá reintegrar la prestación percibida.

2.2.- Beneficiarios

Por tanto, los beneficiarios serían:
  • Los trabajadores autónomos comprendidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que tengan cubiertas las contingencias derivadas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales.
  • Trabajadores por cuenta propia, incluidos en el sistema especial de Trabajadores por cuenta Propia Agrarios.
  • Trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar.
La protección por cese de actividad no resultará obligatoria en el caso de socios de Cooperativas comprendidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, siempre que estas Cooperativas dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales, complementario al Sistema Público, que establezca un nivel de cobertura, en lo que respecta a las situaciones de cese de actividad, al menos equivalente al regulado en la Ley.
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