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Reforma laboral  - Despido colectivo y despido improcedente

5.7.- Medidas de apoyo a la suspensión de contratos y a la reducción de jornada

Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, devengadas por los trabajadores en situaciones de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o fuerza mayor, incluidas las suspensiones de contratos colectivas tramitadas de conformidad con la legislación concursal. La duración de la bonificación será coincidente con la situación de desempleo del trabajador, sin que en ningún caso pueda superar los 240 días por trabajador.

No se considerará incumplida esta obligación cuando el contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador

Las empresas que hayan extinguido o extingan por despido reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo contratos a los que se haya aplicado la bonificación establecida en este artículo quedarán excluidas por un periodo de 12 meses de la aplicación de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. La citada exclusión afectará a un número de contratos igual al de las extinciones producidas. El periodo de exclusión se contará a partir del reconocimiento o de la declaración de improcedencia del despido o de la extinción derivada del despido colectivo.

Estas bonificaciones son compatibles con otras ayudas públicas previstas con la misma finalidad, incluidas las reguladas en el Programa de fomento de empleo, sin que en ningún caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social.
En materia de suspensión del contrato de trabajo y reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, se afianza este mecanismo alternativo a los despidos, dándole agilidad mediante la supresión del requisito de autorización administrativa y estableciendo una prórroga del sistema de bonificaciones y reposición de prestaciones por desempleo previsto para estos supuestos.

5.8.- Extinción de la relación laboral por causas empresariales

La reforma busca clarificar y racionalizar la extinción del contrato por causas empresariales:
  • Objetivación de las causas del despido
  • Se elimina la autorización administrativa previa, en línea con la práctica de los países europeos
  • Se regulan las extinciones de contratos de personal no funcionario en el sector público

6.- Para una mayor eficacia

6.1.- Reducción de la dualidad en el mercado de trabajo

Otro de los objetivos de la reforma es reducir la dualidad laboral y hacer más atractiva la contratación indefinida es uno de los objetivos de esta reforma. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes puntos:
  • A partir de la reforma, se generaliza la indemnización por extinción del contrato indefinido será de 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente, con un máximo de 24 mensualidades
  • Se respetarán los derechos adquiridos de los trabajadores
  • La extinción del contrato indefinido será de 20 días por año trabajado en caso de despido procedente por causas objetivas, con un máximo de 12 mensualidades, conforme el art. 53 del ET.

6.2.- Despido colectivo

Se entenderá por despido colectivo (regulado en el art. 51 ET), la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas (disminución durante 3 trimestres consecutivos), técnicas, organizativas o de producción cuando, en un período de 90 días, la extinción afecte al menos a:
  1. Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores
  2. El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores
  3. Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.
Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquél se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas anteriormente señaladas.
La autoridad laboral que constate la fuerza mayor podrá acordar que la totalidad o una parte de la indemnización que corresponda a los trabajadores afectados por la extinción de sus contratos sean satisfechas por el Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio del derecho de éste a resarcirse del empresario.

6.3.- Despido improcedente

Si el Juzgado califica: el despido colectivo, disciplinario o por causas objetivas como improcedente, conforme el art. 56 del ET:
El empresario, en el plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a 33 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades.
El abono de la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo

En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.

Si el despedido es un representante legal de los trabajadores o delegados sindical, él decide si opta por la readmisión o prefiere la indemnización.

6.4.- Fondo de Garantía Salarial

Con la reforma, el Fondo de Garantía Salaria (FOGASA) en las empresas de menos de 25 trabajadores abonaba parte de la indemnización por despido objetivo de los trabajadores indefinidos, o como consecuencia de la Ley Concursal, pero desde el año 2014 es el empresario el que asume el importe integro.

Por lo que hay que acudir a la nueva regulación sobre el FOGASA del art. 33 del ET.

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