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Concurso de acreedores  - Publicación, administración y conclusión

3.7.- Publicación del concurso

La publicidad del concurso se dará a conocer por medios telemáticos, informáticos y electrónicos considerando que el extracto de la declaración de concurso se publicará, con la mayor urgencia y de forma gratuita, en el Boletín Oficial del Estado además considerando las preferencias por inscripciones en medios telemáticos según consta: (Art. 23 y 24 Ley 22/2003, de 9 de julio, reformada por real decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo).

La publicidad de la declaración de concurso, así como de las restantes notificaciones, comunicaciones y trámites del procedimiento, se realizará preferentemente por medios telemáticos, informáticos y electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, garantizando la seguridad y la integridad de las comunicaciones.

En el mismo auto de declaración del concurso o en resolución posterior, el juez, de oficio o a instancia de interesado, podrá acordar cualquier publicidad complementaria que considere imprescindible para la efectiva difusión de los actos del concurso.

Si el deudor fuera persona natural, se inscribirán, preferentemente por medios telemáticos, en el Registro Civil la declaración de concurso, la intervención o, en su caso, la suspensión de sus facultades de administración y disposición, así como el nombramiento de los administradores concursales.

Si el deudor fuera sujeto inscribible en el Registro Mercantil, se inscribirán, preferentemente por medios telemáticos, en éste las mismas circunstancias expresadas en el apartado anterior, practicándose previamente la inscripción del sujeto cuando ésta no constase.

Si se tratase de personas jurídicas no inscribibles en el Registro Mercantil y que consten en otro registro público, el juez mandará inscribir, preferentemente por medios telemáticos, en éste las mismas circunstancias.

3.8.- Administración concursal

Si fuera el caso de declararse el concurso se pasaría a la siguiente fase que corresponde a la administración concursal. (Art. 26, Ley 22/2003, de 9 de julio, reformada por real decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo)

Declarado el concurso conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores, el juez ordenará la formación de la sección segunda, que comprenderá todo lo relativo a la administración concursal del concurso, al nombramiento y al estatuto de los administradores concursales, a la determinación de sus facultades y a su ejercicio, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de los administradores concursales.

3.9.- Fases en que se divide el concurso

Para el correcto procedimiento de la fase concursal se ha dividido en 6 secciones como siguen:

SECCIÓN PRIMERA.- Lo relativo a la declaración de concurso, a las medidas cautelares, a la resolución final de la fase común, a la conclusión y, en su caso, a la reapertura del concurso.

SECCIÓN SEGUNDA.- Lo relativo a la administración concursal del concurso, al nombramiento y al estatuto de los administradores concursales, a la determinación de sus facultades y a su ejercicio, a la rendición de cuentas y, en su caso, a la responsabilidad de los administradores concursales.

SECCIÓN TERCERA.- Lo relativo a la determinación de la masa activa, a la sustanciación, decisión y ejecución de las acciones de reintegración y de reducción, a la realización de los bienes y derechos que integran la masa activa, al pago de los acreedores y a las deudas de la masa.

SECCIÓN CUARTA.- Lo relativo a la determinación de la masa pasiva, a la comunicación, reconocimiento, graduación y clasificación de créditos. En esta sección se incluirán también, en pieza separada los juicios declarativos contra el deudor que se hubieran acumulado al Concurso de Acreedores y las ejecuciones que se inicien o reanuden contra el concursado.

SECCIÓN QUINTA.- Lo relativo al convenio o, en su caso, a la liquidación.

SECCIÓN SEXTA.- Lo relativo a la calificación del concurso y a sus efectos.

3.10.- Conclusión

Como hemos podido observar a lo largo de esta guía, el concurso de acreedores conlleva unos gastos tanto económicos como sociales para la empresa, traducidos en falta de reputación, pérdida de credibilidad frente a sus acreedores y la sociedad, descenso de sus ventas desde la declaración del concurso, pérdida de poder de negociación frente a sus proveedores, aumento de los costes debidos a los aranceles y honorarios profesionales y publicaciones de edictos y anuncios, entre otros. Sin embargo, se hace hincapié en la celeridad a la hora de tomar la firme idea de llevar la empresa por esta vía legal, alegando que un retraso en la petición de concurso sería negativo para la empresa al depreciarse sus activos y generar más pérdidas, recordando además que se debe dejar unas reservas en tesorería para hacer frente a la situación de concurso porque declararse insolvente tiene un coste.

De manera que nos encontramos frente a un mar de contradicciones, siendo la única vía posible la capacidad de reconocer la realidad, tomar las medidas pertinentes en el momento preciso y decantarse por una de las vías que nos presenta la ley.

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