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Concurso de acreedores  - Los administradores

1.4. Los administradores de la empresa concursada

La mayor parte de ordenamientos jurídicos concursales sancionan la insolvencia fraudulenta. Con la nueva reforma se hace hincapié en este aspecto.

La ley fija algunos supuestos de culpabilidad sin prueba en contra para estos casos, tales como no haber llevado la contabilidad, la doble contabilidad, inexactitud grave en los documentos que acompañan la solicitud de concurso, el alzamiento de bienes o la simulación de una situación patrimonial ficticia, el incumplimiento o retraso en la obligación de solicitar el concurso, falta de auditoria obligatoria o falta de depósito de las cuentas anuales de los tres últimos años anteriores a la declaración de concurso.

De esta manera, el juez puede calificar el concurso como fortuito o como culpable. En este segundo caso inhabilitando al concursado, a sus administradores, liquidadores o representantes legales para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante un período de tiempo entre los dos y los quince años. Mientras que la calificación de fortuito no implica responsabilidad personal de administradores, socios y cómplices.

Además, los administradores pueden perder su condición como tal por la adopción de medidas cautelares y se pierden en el caso de concurso necesario al ser sustituidos por la administración concursal.

En el caso de que el deudor esté en concurso puede ocurrir:

  1. Que el acreedor comunique el crédito a los administradores concursales: en este caso se debe comunicar el crédito a los administradores en el plazo de treinta días desde que se sabe que la empresa está en concurso, es decir, un mes desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (B.O.E.), debiendo señalar, entre otros, sus datos de identificación (denominación social, CIF, dirección, etc. ), así como la cuantía y el concepto de la deuda reclamada.
  2. La presentación del concurso por parte del deudor la podremos ver a través:
    • Boletín Oficial del Estado, BOE.
    • Prensa de la provincia donde el deudor tenga sus intereses o su domicilio social.
    • También se podrá tener información de las empresas que han entrado en concurso a través de la página web del Registro Público Concursal.
  3. Que el acreedor no comunique tal crédito: si esto no se llevara a cabo es posible que en la lista de acreedores de los administradores concursales no apareciera el crédito de dicho acreedor, lo que dificultaría el cobro de dicho crédito.

La tramitación del concurso se podrá llevar por el Juzgado tanto del lugar donde el deudor tenga el centro de sus intereses como del domicilio social a elección del acreedor, en caso de que en España no tuviera el domicilio social, la tramitación será llevada en el centro de sus intereses.

Una vez declarado el concurso, todos los acreedores forman parte de la masa pasiva, cualquiera que sea su domicilio y nacionalidad, por lo que el acreedor que llega primero no es el primero que cobra, sino que son nombrados todos los acreedores con la intención de que cobren la mayor parte de sus deudas.

La nueva regulación del concurso tiene como principal objetivo la conservación del patrimonio, por lo tanto se intenta evitar a toda cosa la desaparición de los negocios, por ello a pesar de que en algunos casos algunos acreedores deban quedarse sin cobrar todo o parte de sus deudas, o tengan que esperar largo tiempo para cobrarlas, lo más importante es que la actividad económica no desaparezca, sólo en casos absolutamente excepcionales se irá directamente a la liquidación.

Ventajas del acreedor ante la declaración de concurso necesario
  1. La presentación del concurso por el acreedor: en este caso las ventajas que tiene para el acreedor es que repercute en la clasificación del crédito, pasando a llamarse crédito con privilegio general y obteniendo el 25% de dicho crédito con lo que obtendrá más cantidad que el resto de los acreedores.

  2. Ejemplo: en el caso de un crédito de 200 € que termine con una quita del 60% el acreedor en situación ordinaria cobraría 80 €, mientras que en el caso del concurso necesario, promovido por el acreedor, recibiría: 200 € x 25% = 50 € y a continuación el 40% del resto de la deuda (200-50), lo que hace otros 60 €, así que el acreedor que presentara el concurso recibiría 50 € + 60 € = 110 € en lugar de los 80 € de otro acreedor con la misma deuda a cobrar.

    Evidentemente siempre y cuanto la masa activa de la empresa concursada permitiera dichos pagos.

  3. Que el acreedor llegara a un acuerdo con el deudor: por otro lado sería más conveniente que el acreedor llegara a un acuerdo con el deudor antes de la declaración del concurso, ya que en caso de concurso necesario presentado por el acreedor solo se aseguraría el 25 % del crédito siendo este el peor de los casos.

Según la Ley Concursal en el supuesto de que el acreedor deba una cantidad de dinero al deudor de la empresa no se podrán compensar los créditos una vez declarado el concurso, a excepción de que la ley que lleve el crédito reciproco si lo permita en caso de insolvencia.

La calificación

Los concursos pueden ser calificados como fortuitos o como culpables, con efectos distintos según la calificación, por cuanto que la calificación de fortuito no implica responsabilidad personal de administradores, socios y cómplices, al entenderse que es debido a las condiciones del mercado sin intervención del deudor.

Después de los diez días siguientes a la resolución judicial que admite el concurso cualquier acreedor podrá comunicar todo lo que considere oportuno para que el concurso sea calificado como culpable en el supuesto de que:

  • En la resolución judicial se haya aprobado un convenio con quita superior a un tercio o espera superior a tres años.
  • Se haya procedido a una fase de liquidación.

Los créditos concursales son los créditos que se pagan posteriormente a los de los créditos contra la masa y se clasifican en:

  1. Privilegiados especiales: la mayoría de ellos son garantías reales.
  2. Privilegiados generales: son salarios, tributos, etc.
  3. Ordinarios: son todos aquellos no incluidos anteriormente.
  4. Créditos subordinados: son los más tardíos, como multas, intereses, etc.
En algunos casos, los administradores concursales envían una carta a los acreedores en la que se les comunica que la sociedad está en concurso y el plazo que tienen para presentar el crédito ante el juzgado que ha admitido el concurso, además de cómo deben enviar dicha información, si en soporte informático, copias originales, por correo o acudiendo al juzgado personalmente. Por lo que los acreedores deberán enviar el siguiente escrito y tres copias por correo certificado al Juzgado con copia del poder del Representante Legal de la acreedora.
El concurso concluye en caso de que se cumpla el convenio o se satisfagan todos los créditos. También puede concluir por inexistencia de bienes o derechos de la empresa concursada o de terceros responsables. Si, además, se trata de una persona jurídica, el juez acordará la extinción de la entidad, cerrando su hoja de inscripción en los registros públicos correspondientes.
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